RID: ¿Cómo caracterizaría la participación ciudadana en su país? 

JMC: Los espacios para la participación ciudadana aún son limitados en El Salvador, dispersos y generalmente no tienen un carácter orientador para incidir en las políticas públicas. Sin embargo, los ciudadanos responden de manera bastante activa y propositiva cuando observan que sus opiniones son efectivamente tomadas en cuenta en la gestión pública. Lo que sucede es que la burocracia y lo hermético de la mayoría  de las instituciones estatales, fácilmente desmotiva a los grupos ciudadanos para seguir haciendo propuestas frente a los funcionarios. En términos generales, se observa que la participación del ciudadano en la administración estatal no es una exigencia por parte de los salvadoreños ni una necesidad para los funcionarios públicos.

 

RID: ¿Cómo ha evolucionado ésta en los últimos tiempos?

JMC: A diferencia de hace quince años, se puede decir que hay una mayor apertura para que los salvadoreños participen, y hagan propuestas y observaciones ante instituciones públicas. En los municipios es donde se ve que hay un mayor acercamiento de los ciudadanos con sus gobiernos locales. Sin embargo, y pese a la persistencia de iniciativas ciudadanas, a nivel nacional, sigue siendo complicado incidir en las políticas del gobierno. Aunque en la actualidad, hay un mayor reconocimiento e interés  en los derechos cívicos de proponer y participar en la administración del Estado, los mecanismos y las instancias formales para ejercer estos derechos aún no están del todo especificados. En contraste con relación a quince años atrás, ha disminuido la capacidad de incidencia y orientación de iglesias y universidades, que mantenían un perfil alto en lo referente a incentivar la participación de los ciudadanos sobre las decisiones del gobierno. 

 

RID: ¿Qué impacto tiene la opinión de las organizaciones de la  sociedad civil en la construcción de las políticas públicas en su país?

JMC: El impacto es más significativo a nivel local, donde alcaldes y concejos municipales  se interesan en adoptar y promover mecanismos de participación ciudadana. En los municipios hay una mayor apertura para incidir en la formulación de proyectos, planes de inversión, exigir rendiciones de cuentas públicas, evaluar a los alcaldes y concejos municipales, etc. Hay muchas ONGs que motivan la adopción de este tipo de mecanismos y, en efecto, hay varias alcaldías que los aplican.

Pero al querer trabajar en un nivel más amplio, es decir, a nivel nacional, se reducen las oportunidades de los grupos cívicos para ser tomados en cuenta. La trayectoria de las OSCs es un factor que condiciona la atención de los funcionarios públicos. De esto depende, en gran medida, si una gestión ciudadana será tomada en cuenta o no. En realidad, a nivel nacional, es fácil incidir en actividades bien específicas de trabajo conjunto e impactar en los objetivos de éstas, sin embargo, a nivel de políticas públicas, hay mayores reservas para que los funcionarios acepten observaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el tema del presupuesto general de la nación o el tema judicial, son dos áreas en las que difícilmente se incide para implementar reformas. Aún así, es importante destacar que los procesos de participación en El Salvador, sean exitosos o no, hacen notar la necesidad de "ser tomados en cuenta" y poco a poco abren más espacios para estrechar la relación de los ciudadanos con las autoridades.

 

RID: ¿Cuál es su opinión con respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso hemisférico de construcción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)?

JMC: Siempre es vital el involucramiento de grupos ciudadanos en temas de interés regional y un proceso económico con las implicaciones del ALCA, no puede ser observado pasivamente por los ciudadanos. Las OSCs deben aprovechar al máximo los espacios en los que puedan modificar políticas públicas que les afecten y sacar provecho a aquellas que les beneficien. En América Latina, los problemas sociales son bien afines de un país a otro. La ventaja de la participación de grupos cívicos en el proceso del ALCA es que permite evaluar cuáles son las propuestas y alternativas de solución a los problemas sociales de la región, como la pobreza y el desempleo.

 

RID: ¿Qué rol debe asumir el ciudadano en la lucha por la transparencia y contra la corrupción?

JMC: El mejor rol que puede asumir el ciudadano es de vigilante activo. Así como se asume el papel de ecologista o de pacifista, el ciudadano debe asumir el papel de activista anticorrupción. El mismo ciudadano debe ser conciente del aspecto negativo de la corrupción, evitar que se produzcan nuevas prácticas corruptas y, en la medida de lo posible, denunciar los delitos de este tipo cuando sea pertinente. El ciudadano no debe tolerar ninguna práctica de corrupción por muy cercana a él que suceda. En sociedades con altos índices de corrupción y con gobiernos impermeables,  la tolerancia cero es una de las mejores formas para que el ciudadano contribuya en el combate a la corrupción. 

 

RID: ¿Cuál es para usted un ejemplo de proceso de intervención de la sociedad civil con relación a las políticas públicas?

JMC: En El Salvador hay buenas experiencias en la elaboración de presupuestos participativos. Estas experiencias se dan a nivel municipal e involucran a ONGs, ciudadanos y alcaldías. Quizás estos procesos sean de los más sólidos en El Salvador sobre participación ciudadana con respecto a políticas públicas. El año pasado, hubo también un logro para organizaciones que defienden los derechos de la mujer. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma en el Código Penal en la que se ampliaron los delitos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.  

 

RID: ¿Cuáles son las 3 principales amenazas para la democracia en su país? En ese contexto, ¿qué rol le cabe a las organizaciones de la sociedad civil?

JMC: Las amenazas son aún varias. Podría mencionar el débil involucramiento de los ciudadanos en la administración del Estado, la politización de las instituciones públicas y la pobreza. Estos tres factores se traducen en grandes obstáculos para la construcción de una democracia participativa; implican falta de propuestas, falta de mejores servicios sociales, polarización de la sociedad, bajos niveles de desarrollo humano y violaciones a derechos humanos, entre otros.